Resumen: La Sala inadmite el recurso interpuesto dado que ha quedado probada la no presentación de la oportuna reclamación administrativa ante el órgano competente para conocerla, al tiempo que se remite a pronunciamientos precedentes que abordan pretensiones de idéntico contenido sustantivo a las aquí postuladas en relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: SEGURIDAD SOCIAL. JUBILACIÓN. FALTA DE CONTRADICCIÓN
Resumen: DESEMPLEO Y REDUCCIÓN DE JORNADA. DEFECTO EN EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN POR FALTA DE RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LA CONTRADICCIÓN. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA INFRACCIÓN LEGAL
Resumen: CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Tutela de derechos fundamentales. Normativa en materia de prevención de riesgos laborales
Resumen: La Sala inadmite el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la sociedad recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye que procede la inadmisión en la medida en que ha quedado probada la no presentación de la oportuna reclamación administrativa ante el órgano competente para conocerla.
Resumen: EL CORTE INGLÉS. Extinción del contrato por voluntad del trabajador
Resumen: IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA. Procedimiento ordinario. Reconocimiento de la antigüedad del trabajador desde el inicio de su relación laboral
Resumen: Auto inadmisión. Ayudas de la línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas privadas
Resumen: Por el director de una residencia de residencia de mayores tutelada por Comunidad Autónoma se demanda por vulneración en su derecho al honor por las expresiones proferidas por la demandada, que trabajó en la residencia como auxiliar de clínica y era concejala del ayuntamiento, en diversos programas y redes sociales. Considera que atentó contra su prestigio profesional por sus expresiones sobre su gestión durante la pandemia provocada por el virus del Covid 19, sobre todo sobre carencia de equipos de protección homologados (EPIS). La sentencia de primera instancia estimó la demanda. La sentencia de segunda instancia, confirmó la condena de la demandada, porque se faltó a la verdad ya que existían medios de protección, se administraron en función de aquéllos de los que se disponían, y algunas expresiones exceden de la crítica o de la opinión. Recurrió en casación la demandada y la sala estima su recurso, pondera los derechos en juego, valora la grave situación por la pandemia, la queja generalizada por falta de medios, el interés social de las manifestaciones efectuadas por la demandada, así como que el derecho no puede impedir que las personas expresen su opinión sobre la forma en que los poderes públicos gestionaban la crisis, y la evaluación de la competencia profesional no tiene por qué resultar atentatoria al derecho al honor siempre que se realice en un ámbito relacionado con esa actividad y no se haga de manera injuriosa o injustificadamente descalificadora.
Resumen: El artículo 23 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.1 b) y c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que aquellas ayudas o subvenciones públicas, de las que resulten beneficiarios trabajadores por cuenta ajena sometidos a expedientes de regulación temporal de empleo o trabajadores autónomos, que tengan como finalidad subvenir a situaciones de emergencia social (como las contempladas en la Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril), gocen de la prerrogativa de inembargabilidad parcial frente a deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social, al resultar aplicable el límite establecido en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
